El pasado 12 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. El objetivo de esta normativa se centra en prevenir los futuros impactos ambientales agilizando trámites, procedimientos y plazos vinculados con los proyectos y planes de evaluación ambiental. Esta ley unifica conceptos de estas materias, invitando a las Comunidades Autónomas a que las acepten en sus reglamentos. Es un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto a las cinco comunidades autónomas de las cuentas del Tajo, del Segura y del Júcar: Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. El Gobierno estima que con esta nueva norma se crearán más de 80.000 puestos de trabajos con un impacto económico de en torno a 1.000 millones de euros.

¿Qué cambios encontraremos en esta ley? Se establecerá un único acto normativo que une el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica junto a la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, para tratar de conseguir un enfoque global. Se crearán Bancos de Conservación de la Naturaleza para reparar la pérdida de biodiversidad y se controlarán los proyectos de extracción de hidrocarburos mediante Fracking.

La ley de Evaluación Ambiental establece también varias modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo de garantizar que las actividades que puedan generar riesgos para el medio ambiente en los espacios protegidos (como los espacios de la Red Natura 2000) se puedan sancionar. Los que más tendrán en cuenta esta normativa serán los equipos encargados de la redacción de estudios así como el técnico ambiental durante su actividad diaria.

Para establecer el trasvase Tajo-Segura, el memorando estipula una reserva de más de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera. Esta cifra se alcanzará en los próximos años y se calcula que sean 32 hectómetros cúbicos por año desde que se ha aprobado la norma.

La Ley de Evaluación Ambiental pretende agilizar los trámites que ejecutan normalmente antes de comenzar su actividad en la mayoría de los sectores: industriales, carreteras, ganaderos, de extracción mineral o petrolífera, etc. Puedes ver el proyecto de ley aquí.